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El impulso hacia la sostenibilidad ambiental en las instituciones financieras se ha convertido en un objetivo estratégico clave en las economías avanzadas en los últimos años. Los compromisos de carbono neto cero, alianzas globales y la aceleración de la transición energética se están multiplicando en Europa, América del Norte y partes de Asia-Pacífico. De manera paralela, los reguladores financieros en estas regiones están examinando más de cerca los riesgos climáticos y exigiendo a las instituciones que evalúen sus exposiciones a través de pruebas.
En América Latina, las instituciones financieras han sido más lentas en integrar la sostenibilidad en sus agendas estratégicas. Sin embargo, cuatro tendencias convergentes están cambiando rápidamente el enfoque del sector financiero regional hacia la protección ambiental y el cambio climático.
En toda la región, los flujos de capital orientados hacia la sostenibilidad están aumentando. A finales de 2022, aproximadamente el 80 por ciento de los países latinoamericanos habían actualizado sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), sus compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Las principales economías regionales han adoptado objetivos sustancialmente más ambiciosos. Por ejemplo, México originalmente se propuso reducir las emisiones en un 22 por ciento en relación con el nivel base para 2030, pero en noviembre de 2022 actualizó su NDC estableciendo una meta más agresiva del 35 por ciento. Brasil también actualizó su NDC en marzo de 2020. Además del enfoque en el clima, varios países latinoamericanos se han unido a la iniciativa 30×30 de la Coalición de Alta Ambición, que tiene como objetivo proteger al menos el 30 por ciento de las áreas terrestres y marinas del mundo para 2030.
La transición hacia una economía más sostenible está presentando oportunidades para que las instituciones contribuyan al bienestar general de la sociedad a través de una amplia gama de nuevos flujos de capital y opciones de financiamiento. La investigación del McKinsey Global Institute (MGI) destaca varias áreas donde se necesitarían aumentar las inversiones para reducir las emisiones de GEI.
Alcanzar el objetivo de carbono neto cero para 2050 implicará que América Latina gaste aproximadamente el 9,4 por ciento de su PIB regional, es decir, alrededor de $20 mil millones de dólares, en activos relacionados con la transición física. Los países de la región tienen una amplia biodiversidad y bases industriales importantes que ofrecen un considerable potencial de descarbonización, así como sectores extractivos, como el cobre y el litio, que podrían desempeñar un papel clave en la transición global hacia el carbono neto cero.
En el caso de Perú, el país ha realizado avances significativos en materia de sostenibilidad y protección del medio ambiente. Perú se ha fijado metas ambiciosas para reducir las emisiones de GEI y promover el desarrollo sostenible. Además, el país cuenta con una gran diversidad de recursos naturales y ecosistemas que ofrecen oportunidades para la inversión en proyectos de energías renovables, protección del medio ambiente y conservación de la biodiversidad.
La transición hacia una economía más sostenible puede generar beneficios económicos y sociales. Asimismo, la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales contribuyen a garantizar la calidad de vida de las comunidades locales y a preservar el patrimonio natural del país. Es fundamental que las instituciones financieras en América Latina se involucren activamente en la promoción de la sostenibilidad y la implementación de proyectos y programas que impulsen la transición hacia una economía baja en carbono.
Fuente: Naciones Unidas
